El Poder Judicial ha asestado un duro golpe a la estrategia legal de Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta Dina Boluarte, al rechazar su intento de apartar al reconocido juez Richard Concepción Carhuancho del proceso que afronta por el caso 'Los Waykis en la Sombra'. Este expediente, de alta complejidad, lo vincula con el presunto delito de organización criminal.
La Quinta Sala Penal de Apelaciones Nacional declaró infundado el recurso de apelación presentado por la defensa de Boluarte Zegarra, que buscaba trasladar la causa a un juzgado penal ordinario, sacándola del sistema especializado en criminalidad organizada. Los magistrados fueron contundentes en su conclusión: la complejidad del caso y la naturaleza del delito investigado justifican plenamente la permanencia del expediente en el fuero especializado, que es el competente para delitos de crimen organizado de alto impacto.
La defensa de Nicanor Boluarte argumentaba que el caso no encajaba en el régimen de criminalidad organizada. Sin embargo, el tribunal recordó que, según el Código Procesal Penal, los delitos cometidos dentro de una organización criminal pueden atribuirse a todos sus integrantes, incluso sin una participación directa en cada acto delictivo.
En un desarrollo paralelo dentro del mismo caso, el Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria también declaró infundado un recurso presentado por Zenovia Herrera, exjefa del programa Qali Warma en San Martín, quien solicitaba archivar su investigación. De esta forma, las imputaciones por organización criminal se mantienen firmes contra todos los implicados en 'Los Waykis en la Sombra'.
El Caso 'Los Waykis en la Sombra': Una Red de Control Político
La tesis fiscal sostiene que esta presunta organización criminal, con Nicanor Boluarte como el presunto cabecilla, controlaba designaciones políticas en diversas regiones del país. El objetivo sería consolidar poder a través de cargos como prefectos y subprefectos en zonas estratégicas como Lima, Apurímac, Puno, Junín, Ica, Cusco, San Martín y Cajamarca.
Entre los implicados también figura Jorge Luis Ortiz Marreros, exdirector general de la Dirección General de Gobierno del Interior, quien, según la Fiscalía, habría actuado como pieza operativa clave en la red.
Las investigaciones de este caso se desarrollan bajo el marco de la Ley 32138, aprobada en octubre de 2024. Esta legislación endurece el tratamiento penal de casos vinculados a crimen organizado y refuerza la competencia de jueces especializados, como es el caso de Concepción Carhuancho, en la lucha contra la delincuencia organizada de alto nivel. El rechazo de estos recursos refuerza la posición de la Fiscalía en su empeño por desarticular esta presunta red ilegal.
