El nombre del alcalde de Ciudad Nueva, Walter Cardoza, ha saltado a los medios nacionales a raíz de un informe que revela un contrato millonario entre su municipio y una empresa liderada por la esposa del actual alcalde del Rímac, Néstor de la Rosa. Este caso, que involucra a tres figuras afiliadas al mismo partido político, Podemos, ha levantado sospechas sobre un posible conflicto de intereses.
Según la investigación difundida por el diario nacional El Comercio, la empresa Asivtel, consorciada con una compañía cusqueña, se adjudicó un contrato valorado en más de 6 millones de soles para la instalación de un sistema de videovigilancia en el distrito de Ciudad Nueva. El detalle que ha generado controversia es que Asivtel es liderada por Katherine Menéndez, esposa de Néstor de la Rosa, alcalde del Rímac. Ambos, Menéndez y De la Rosa, están afiliados al partido Podemos, al igual que Walter Cardoza, quien asumió la alcaldía de Ciudad Nueva por la misma agrupación política.
El informe detalla que Néstor de la Rosa estuvo al mando de la empresa Asivtel hasta el año 2022, momento en que fue elegido como autoridad municipal. Dos años después, en 2024, Asivtel suscribió el contrato con la Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva, bajo la gestión de Walter Cardoza.
Consultado al respecto, Néstor de la Rosa confirmó tener conocimiento del contrato. "En el caso particular de Tacna, nosotros hemos aportado con la experiencia empresarial únicamente, y la empresa que facturó es la consorciante, que es una empresa del sur. No sé más, ellos cumplieron con nosotros", señaló el alcalde del Rímac, intentando deslindar responsabilidades directas de Asivtel en la facturación.
A esta situación se suman las alertas emitidas previamente por la Contraloría General de la República, que ha reportado deficiencias en la ejecución del proyecto, incluyendo diferencias entre el material ofrecido y el efectivamente instalado, así como anomalías en las cámaras de videovigilancia. El caso pone bajo la lupa la transparencia en la contratación pública y los vínculos entre funcionarios y proveedores estatales.
