Un giro crucial se ha producido en la investigación por presunto encubrimiento personal en el denominado caso ‘Cofre’, que involucra a la presidenta Dina Boluarte Zegarra. El Poder Judicial, a través de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, ha resuelto aprobar el desistimiento de apelación presentado por la defensa de la mandataria, cerrando así la vía ordinaria de investigación en esta instancia.
La decisión, encabezada por el presidente de la Sala, César San Martín Castro, se validó tras escuchar los argumentos del abogado de la jefa de Estado. La defensa de Boluarte sostuvo que el Ministerio Público ya carecía de fundamentos para continuar con las diligencias, dado que el Congreso de la República recibió la denuncia constitucional el pasado 16 de mayo. Según esta línea argumental, la activación de la vía congresal clausuraba el proceso ordinario.
El caso ‘Cofre’ se centra en la grave acusación del Ministerio Público que señala a Dina Boluarte de haber facilitado la presunta fuga de Vladimir Cerrón, líder de Perú Libre y actualmente prófugo de la justicia. La Fiscalía sostiene que para ello se habría utilizado un vehículo oficial conocido como ‘El Cofre’, perteneciente a la Presidencia de la República. En el mismo expediente, también se investiga al exministro del Interior, Juan José Santiváñez.
Durante la audiencia, el tribunal supremo reconoció que, al estar la presidenta Dina Boluarte comprendida en una acusación constitucional en curso en el Congreso, el procedimiento legal a seguir se traslada a esa instancia. Esta situación, según el Poder Judicial, haría improcedente continuar con las diligencias en la vía penal ordinaria.
A pesar de esta resolución, el expediente fiscal seguirá siendo un elemento clave y fundamental para el desarrollo de eventuales responsabilidades políticas o penales que puedan derivarse en otras instancias, especialmente en el ámbito del Poder Legislativo.
Mientras tanto, la situación de Vladimir Cerrón, quien aún no ha sido ubicado por las autoridades, mantiene en alerta a las entidades de seguridad. Persiste la sospecha de que el exgobernador regional de Junín habría contado con respaldo institucional para una eventual salida del país, un extremo que la investigación ahora en manos del Congreso deberá dilucidar.
