
La ex primera ministra Betssy Chávez Chino, recluida en el Establecimiento Penitenciario Anexo Mujeres de Chorrillos, se negó este miércoles a ser trasladada al penal Barbadillo para una diligencia judicial programada. La exfuncionaria, según un comunicado del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), alegó que sus reclamos internos no eran atendidos y anunció el inicio de una huelga de hambre.
El incidente se registró a pesar de que, según el reporte institucional del INPE, las autoridades del penal realizaron una evaluación física a Chávez alrededor de las 07:00 a.m., conforme al protocolo establecido para cualquier desplazamiento. Sin embargo, cuando iba a ser conducida hacia la puerta principal bajo la custodia de agentes del INPE y efectivos de la Policía Nacional del Perú, Chávez expresó su negativa a salir.
La inasistencia no justificada a una diligencia judicial es considerada una falta grave, según lo establecido en el artículo 28, inciso 11, del Decreto Supremo N.º 003-2021-JUS, que aprueba el Texto Único Ordenado del Código de Ejecución Penal. En consecuencia, el INPE ha dispuesto el inicio del procedimiento administrativo disciplinario correspondiente contra la exministra.
Por otro lado, la entidad penitenciaria informó que, en atención a una denuncia previa presentada por la propia Betssy Chávez sobre presuntas irregularidades dentro del penal, la Oficina de Asuntos Internos del INPE ya ha iniciado una indagación preliminar en el establecimiento penitenciario. El objetivo es esclarecer los hechos y, de determinarse responsabilidades, aplicar las sanciones legales pertinentes.
Asimismo, el INPE dio a conocer que la Junta Médica Penitenciaria evaluó el pasado 11 de julio la necesidad de atención médica especializada en gastroenterología para Chávez Chino, y su cita médica se encuentra actualmente en proceso de programación.
El INPE reiteró su compromiso con el respeto a los derechos humanos de todas las personas privadas de libertad, al tiempo que enfatizó la importancia de garantizar el orden y el principio de autoridad en todos los establecimientos penitenciarios del Perú.











