Cuando muchos peruanos se alistan para celebrar las Fiestas Patrias, los gremios de transportistas de Lima y Callao han confirmado un paro nacional que se extenderá por dos jornadas, los días 27 y 28 de julio, con movilizaciones centrales hacia el Palacio de Justicia y el Congreso de la República. La medida de fuerza busca exigir al gobierno acciones urgentes frente a una ola de extorsiones, asesinatos y leyes que, aseguran, solo favorecen a las mafias.
La situación, que los gremios describen como insostenible, ha llevado a advertencias desde hace semanas. Se denuncian asesinatos casi diarios, amenazas y una violencia que no da tregua en el rubro. Los pagos ilegales por "seguridad" se han convertido en una práctica común, pero ni siquiera esto garantiza la integridad de los conductores. La protesta busca visibilizar una realidad que muchos transportistas viven en carne propia, pero que, según ellos, las autoridades se niegan a enfrentar.
"Esto no es un capricho. Estamos cansados de contar compañeros muertos. Queremos que el gobierno actúe de una vez", aseguró Miguel Palomino, presidente de la Asociación Nacional de Conductores del Perú, al confirmar la medida. Cabe señalar que el gremio ha convocado dos jornadas de paro: la primera, programada para los días 24 y 25 de julio, y la segunda, que coincidirá con el feriado largo de Fiestas Patrias.
La movilización no será exclusiva de Lima. Para el 26 de julio, se espera el arribo de delegaciones de regiones como Puno, Cusco, Ayacucho y Piura. Además de transportistas, se unirán a la protesta familiares de víctimas de la represión, profesores, estudiantes y trabajadores independientes, bajo la consigna clara: "Basta de leyes que favorecen al crimen". Este llamado es una interpelación directa a la clase política para que asuma su rol.
Críticas Directas a Dina Boluarte y el Congreso
Las críticas de los transportistas apuntan directamente a la presidenta Dina Boluarte y al Congreso de la República. Argumentan que no solo han sido pasivos ante la escalada de violencia, sino que han promovido normativas que, a su juicio, "debilitan el combate al crimen organizado" y "parecen hechas para proteger mafias, no ciudadanos".
Detrás de esta medida de fuerza, hay una profunda frustración y un palpable miedo. Muchos conductores han optado por dejar el rubro, mientras que otros viven con temor cada vez que inician su jornada laboral. "Uno no sabe si vuelve a casa", afirman. La protesta, por tanto, es un pedido urgente de seguridad y justicia ante cifras alarmantes de asesinatos de choferes y cobradores, y extorsiones que afectan desde grandes empresas hasta mototaxistas y transportistas informales.
Los gremios no descartan extender la medida si no obtienen una respuesta clara y efectiva del Ejecutivo. "No queremos más mesas de diálogo sin resultados. Queremos acciones concretas", afirman. Si no las hay, el paro podría prolongarse incluso más allá del 28 de julio, afectando seriamente el transporte urbano e interprovincial a nivel nacional.
