Una investigación revela que, en los últimos seis años, el Parlamento aprobó la creación masiva de más de 60 universidades estatales sin sustento técnico, estudios de necesidad real ni viabilidad financiera. Hoy, la gran mayoría existe solo en leyes y resoluciones.
El Congreso de la República que se despide este 28 de julio deja tras de sí una herencia de leyes que, bajo la promesa de descentralizar la educación superior, ocultan una cruda realidad de demagogia y desfinanciamiento. Según información oficial del Ministerio de Educación (Minedu) obtenida mediante la Ley de Transparencia, en los últimos seis años el Legislativo aprobó la creación de más de 60 universidades públicas en distintas regiones del país. Sin embargo, la gran mayoría de estas instituciones aún no funciona y existe únicamente en el papel.
Entre el año 2020 y junio de 2026 se crearon formalmente estas casas de estudio, pero solo una de ellas cuenta con la licencia institucional obligatoria de la Sunedu para poder brindar el servicio educativo.
El desalentador panorama de las nuevas universidades
La alarmante brecha entre las leyes aprobadas por insistencia y la realidad operativa de las instituciones se resume en cifras preocupantes:
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Cascarones en implementación: De las 65 instituciones analizadas, 33 permanecen en proceso de implementación con comisiones organizadoras constituidas, pero están completamente impedidas de admitir estudiantes. La mayoría fueron creadas antes del año 2025 en departamentos como Puno, Áncash, Cajamarca, Ica, Junín, Cusco, Piura y Lima.
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Sin rumbo de inicio: Otras 31 universidades creadas por ley ni siquiera han iniciado el proceso básico de implementación. El propio Minedu reconoce que no existe un cronograma ni plazos definidos para que estas aulas abran sus puertas.
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La única excepción: El único proyecto que ha logrado materializarse operativamente es la Universidad Nacional Tecnológica de Frontera San Ignacio de Loyola, ubicada en Cajamarca, la cual ya cuenta con su respectiva licencia de funcionamiento.
"Populismo electoral": La crítica de los especialistas
La proliferación de proyectos de creación de universidades responde a una agresiva agenda impulsada desde el Palacio Legislativo por bancadas de diversas corrientes políticas. Uno de los hitos de esta cuestionada campaña fue la aprobación por insistencia de la Ley N° 32461, promovida por el entonces congresista José Jerí, con la cual se crearon en un solo acto legislativo 20 universidades nacionales en 15 departamentos del país.
Para el exministro de Educación, Idel Vexler, este fenómeno es el resultado de políticas "irresponsables, populistas y electoreras" impulsadas por los parlamentarios para ganar simpatías en sus regiones de origen:
"Muchas de estas instituciones fueron aprobadas sin contar con presupuesto asegurado para su implementación, infraestructura, equipamiento o docentes", advirtió Vexler, señalando además que estas casas de estudio podrían tardar hasta diez años en ofrecer de manera efectiva sus primeras carreras profesionales.
El exministro remarcó también que el diseño de estas universidades no estuvo sustentado en estudios reales sobre las necesidades productivas de cada región. A su juicio, una alternativa mucho más eficiente habría sido el fortalecimiento presupuestal de las universidades públicas que ya se encuentran licenciadas para que expandan su cobertura mediante filiales.
El freno financiero del Tribunal Constitucional
Aunque algunas de estas universidades en papel ya figuran con asignaciones presupuestales contempladas en el Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de 2026, su viabilidad real a largo plazo ha recibido un duro golpe legal.
Un reciente fallo del Tribunal Constitucional (TC) ratificó que el Poder Legislativo no tiene iniciativa de gasto público. Por lo tanto, cualquier proyecto de ley que implique un desembolso o un mayor gasto para el tesoro público del Estado —como construir y equipar campus universitarios— debe coordinarse de manera obligatoria y previa con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). De lo contrario, las normas carecerán de sustento real y las universidades seguirán siendo, lamentablemente, solo promesas plasmadas en el diario oficial El Peruano.
