Fuentes del Ejecutivo revelan un presunto complot político para forzar la salida de Vicente Espinoza. El nuevo titular, Policarpio Chauca, registra denuncias por acoso sexual, extorsión y peculado.
Una severa crisis institucional sacude el sector Educación tras la publicación de la Resolución Ministerial N° 338-2026-MINEDU, la cual dio por concluida de forma abrupta la designación de Vicente Paul Espinoza Santillán al frente de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu). Fuentes gubernamentales de alto nivel señalan que la medida responde a un presunto pacto político digitado desde Palacio de Gobierno por el presidente José María Balcázar, en abierta componenda con dirigentes de izquierda como Roberto Sánchez, el senador electo Alfonso López Chau y el parlamentario Segundo Montalvo.
La controvertida recomposición de la entidad reguladora universitaria, consumada el pasado jueves 11 de junio y publicada formalmente el sábado 13 —aprovechando la atención pública sobre el Mundial de Fútbol—, ha desatado una ola de renuncias y acusaciones de prevaricato dentro del propio Ministerio de Educación (Minedu).
El frustrado "Plan I" y la purga de ministros
La ofensiva contra la autonomía de la Sunedu habría iniciado semanas atrás bajo la dirección del viceministro de Gestión Pedagógica, Gerber Sergio Pérez. El plan original consistía en remover a Espinoza Santillán utilizando una "fe de erratas" para recortar su mandato legal de tres años a solo tres meses, con la intención de colocar en su lugar a Víctor Ayma, un allegado político que no cumplía con el requisito obligatorio de poseer el grado académico de doctor.
Este movimiento técnico generó una fuerte resistencia interna:
- Renuncia forzada en Trabajo: El entonces ministro de Trabajo, Óscar Fernández Cáceres —quien despachaba interinamente el portafolio de Educación ante la ausencia de la titular María Esther Cuadros—, se negó rotundamente a firmar la resolución por considerarla ilegal, lo que precipitó su salida inmediata del gabinete.
- Advertencia técnica: El área legal advirtió que una "fe de erratas" solo es jurídicamente válida dentro de las 24 horas posteriores a la emisión de una norma, y no cinco meses después, como se pretendía aplicar.
Maniobras legales y deserción de funcionarios
Al verse descubiertos, el Ejecutivo activó una segunda estrategia para forzar la salida de la jefatura de Sunedu. Según documentación interna a la que se tuvo acceso, se conminó a la Oficina de Asesoría Jurídica del Minedu a emitir el Informe Legal N° 0852-2026-MINEDU-SG/OAJ, un texto que contradice flagrantemente las opiniones institucionales previas del propio ministerio para sostener que el periodo de Espinoza era de solo tres meses.
En un intento por blindar la resolución, el Minedu acudió al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh) para que ratificara la polémica interpretación sobre el recorte de mandato. Sin embargo, la Dirección de Desarrollo Jurídico del Minjusdh se declaró incompetente para avalar dicha postura.
Ante el evidente atropello normativo, la secretaria general del Minedu, Lorena Gavilano, presentó su renuncia irrevocable. En su reemplazo se designó de forma exprés a Ebert Ordinola, un funcionario cuestionado por registrar sanciones disciplinarias previas en el Gobierno Regional de Piura debido al pago irregular de bonificaciones a personal de confianza.
Un perfil con antecedentes en la cúspide de la Sunedu
Con el camino despejado y el aval de la ministra María Esther Cuadros, el Gobierno oficializó la designación de Policarpio Chauca Valqui como el nuevo representante del sector ante el Consejo Directivo de la Sunedu, lo que automáticamente lo perfila como el nuevo superintendente.
Chauca Valqui se desempeñaba como presidente de la Comisión Organizadora de la Universidad de Bagua; no obstante, su legajo fiscal arroja graves alertas. De acuerdo con registros judiciales, el flamante funcionario afronta múltiples procesos penales en curso por los delitos de acoso sexual, extorsión y peculado.
Sectores de la oposición y colectivos de la comunidad universitaria han calificado este nombramiento como un "golpe de Estado" a la reforma de la educación superior, advirtiendo que el copamiento de la Sunedu por parte del bloque oficialista busca instrumentalizar el presupuesto y las licencias institucionales en favor de intereses partidarios y prebendas para sus militantes con miras al próximo escenario electoral.
