
Con el escrutinio de la ONPE al 99% y una ventaja de 32 mil votos a favor de Keiko Fujimori, el partido de Roberto Sánchez denuncia presuntas irregularidades y llama a protestas en Lima.
La incertidumbre post-electoral se agudiza en el tramo final del conteo de votos. Con el procesamiento oficial de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) superando el 99% de actas contabilizadas, la alianza Juntos por el Perú (JP) escaló la tensión política al emitir un pronunciamiento donde evita garantizar el reconocimiento de los resultados oficiales y, en su lugar, denuncia la existencia de un presunto fraude, convocando a una movilización masiva hacia la capital.
Al cierre de este informe, el cómputo oficial otorga a Keiko Fujimori el 50.090% de los votos válidos frente al 49.910% obtenido por Roberto Sánchez. Esta diferencia, que supera los 32 mil sufragios a favor de la candidata de Fuerza Popular en la recta final del escrutinio nacional, provocó un drástico giro en el discurso de JP, que ahora califica el escenario como una "victoria popular amenazada".
Denuncias de irregularidades sin precisar
El documento oficial, difundido por el Comando Nacional de Campaña de la alianza 'Juntos con el Pueblo', cuestiona de manera directa la transparencia y legitimidad del proceso administrado por las autoridades del sistema electoral peruano.
"Denunciamos la falta de transparencia de los organismos que llevan el proceso electoral, el cambio de reglas electorales en pleno proceso electoral, una serie de irregularidades, vicios de nulidad y maniobras político-mediáticas que atentan contra la justicia electoral y la voluntad soberana del pueblo peruano", reza el comunicado emitido por la organización de izquierda.
No obstante, a lo largo del texto, la agrupación política no detalla cuáles son las reglas de juego que presuntamente fueron modificadas, ni aporta evidencias específicas sobre las supuestas maniobras o los organismos implicados en dicho entramado. Esta postura confrontacional contrasta con las declaraciones que el propio Roberto Sánchez ofreció durante la campaña, cuando aseguró públicamente ante los medios que respetaría de forma irrestricta los resultados oficiales del veredicto popular.
La narrativa del "triunfo arrebatado" y lenguaje divisionista
El pronunciamiento adopta una postura que da por consumada una victoria de Sánchez, ignorando la tendencia del conteo oficial de la ONPE. "Reconocemos y agradecemos profundamente el respaldo masivo recibido a la alianza Juntos por el Perú (...) Ese voto no será silenciado. El triunfo del pueblo será respetado", añade el texto.
A través de esta premisa, la dirigencia partidaria condiciona la aceptación de los resultados finales de la segunda vuelta:
"No aceptaremos que se imponga un resultado que no refleje la voluntad popular con absoluta transparencia y sin ninguna duda ni controversias".
Asimismo, el documento apela a una marcada división del mapa político nacional. Por un lado, se autoproclama como la expresión exclusiva del "Perú profundo, de las naciones quechuas y aimaras, de las comunidades campesinas y sectores históricamente olvidados"; por el otro, denuncia de forma genérica la contraposición de una "clara voluntad corporativa contraria a los intereses de las mayorías".
Calendario de protestas: Plantones y marcha hacia Lima
Frente a lo que denominan una defensa del voto, Juntos por el Perú ha trasladado formalmente la controversia del plano legal y administrativo al terreno de la movilización social, anunciando un cronograma de protestas para los próximos días:
- Miércoles 17 de junio: Desarrollo de plantones ciudadanos y vigilias de protesta en las plazas principales de todas las regiones del país.
- Viernes 19 de junio: Convocatoria a una Gran Movilización Nacional en Lima. La concentración principal está programada a partir de las 4:00 p.m. en el Campo de Marte, punto al que prevén el arribo de delegaciones de diversas provincias, comunidades indígenas y gremios sindicales.
El partido concluye ordenando a sus comités regionales, provinciales y distritales intensificar la articulación territorial con organizaciones populares para conformar lo que denominan el "Frente Patriótico Popular", en un contexto donde los recursos de nulidad y la presión en las calles coinciden con las últimas pinceladas del conteo de actas de la ONPE.











