La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, ha puesto en el centro del debate una controversial decisión al trasladar el expediente del congresista José Jerí a la Segunda Fiscalía Suprema en lo Penal, instancia que está bajo el liderazgo de la fiscal suprema Zoraida Ávalos, quien fue inhabilitada en 2023 con el voto del propio legislador. Esta acción genera un evidente conflicto de interés en la investigación contra el parlamentario de Somos Perú.
José Jerí es investigado por presuntamente desobedecer una orden judicial vinculada a una denuncia por abuso sexual. La acusación detalla que el congresista no asistió a las terapias ni a las evaluaciones psicológicas que le fueron impuestas por el juez como parte del proceso en curso.
La investigación judicial que enfrenta Jerí se deriva de una denuncia por una presunta violación sexual, delito que, según los informes, habría sido perpetrado en una casa de campo en la provincia de Canta, al norte de Lima. El incidente habría involucrado también a su compañero Marco Antonio Cardoza. La investigación del Poder Judicial sobre este grave delito continúa en curso.
El juez había ordenado a Jerí someterse a un tratamiento psicológico. Sin embargo, no existen registros oficiales ni informes de medicina legal que confirmen el cumplimiento de esta disposición. La resolución judicial que impuso esta medida ya advertía que el desacato constituiría el delito de desobediencia a la autoridad, lo que motivó a un ciudadano a presentar una denuncia formal ante la Fiscalía contra el legislador por dicho incumplimiento.
La designación de la fiscal suprema Zoraida Ávalos para llevar este caso añade una capa de complejidad al proceso, dada la inhabilitación previa que sufrió con el voto del congresista Jerí en el Congreso. La opinión pública y los observadores políticos estarán atentos al desarrollo de esta investigación y a cómo se manejará este evidente conflicto de intereses.
