Por Yancarlo Acosta
La Ley de Organizaciones Políticas (Ley N° 28094) constituye la piedra angular de la regulación del sistema partidario en Perú. Su propósito fundamental, como se desprende de su articulado, es establecer un marco claro para la vida interna y externa de los partidos políticos, movimientos regionales y organizaciones políticas locales, buscando con ello fortalecer la democracia representativa y la transparencia en la contienda electoral. Sin embargo, un análisis de sus disposiciones revela tanto avances significativos como desafíos persistentes en la búsqueda de una institucionalidad política sólida.
La Búsqueda de la Democracia Interna
Uno de los pilares de la ley es la promoción de la democracia interna. El articulado subraya la obligación de las organizaciones políticas de realizar procesos de elecciones internas para la selección de candidatos a cargos de elección popular, así como para la elección de sus propias autoridades. Esta es una disposición crucial, pues busca legitimar las candidaturas desde la base de la organización y fomentar la participación de los afiliados.
La ley es precisa al establecer que, para los cargos de representación nacional y regional, al menos tres cuartas partes de los candidatos deben ser elegidos mediante voto universal, libre, voluntario, igual, directo y secreto. Si bien se permite la designación directa de hasta una cuarta parte de las candidaturas por parte del órgano competente del partido, esta flexibilidad, aunque busca dar margen de maniobra a las dirigencias, siempre genera el debate sobre el equilibrio entre la voluntad de las bases y la estrategia política. La supervisión y asistencia técnica de la ONPE en estos procesos internos es vital para garantizar su transparencia y validez.
El Laberinto del Financiamiento: Entre la Transparencia y el Control
Quizás uno de los aspectos más sensibles y que más escrutinio público ha generado es el del financiamiento de las organizaciones políticas. La ley intenta cerrar las brechas a la opacidad, detallando las fuentes de financiamiento privado —cuotas de afiliados, actividades proselitistas, rendimiento de patrimonio, créditos— y, de manera crucial, estableciendo prohibiciones categóricas. La veda a los aportes de entidades públicas, empresas estatales, personas jurídicas con fines de lucro (nacionales o extranjeras) y, significativamente, de personas condenadas por delitos específicos (por un plazo de diez años), es un intento claro de blindar al sistema de influencias indebidas y de recursos ilícitos.
La obligación de las organizaciones políticas de llevar libros de contabilidad, la presentación de informes anuales a la ONPE y la publicidad de esta información a través de registros públicos, son mecanismos esenciales para la transparencia. Sin embargo, el desafío de la fiscalización efectiva de estos flujos monetarios sigue siendo una tarea ardua para la ONPE, que se ve constantemente en la necesidad de perfeccionar sus herramientas para detectar y sancionar el financiamiento irregular.
Las Alianzas Electorales: Estrategia y Responsabilidad Compartida
La ley también regula la formación de alianzas electorales, reconociendo su papel estratégico en la configuración del panorama político. Al permitir que partidos nacionales y movimientos regionales se unan, se facilita la construcción de plataformas más amplias y la optimización de recursos. Sin embargo, la normativa impone responsabilidades claras: las organizaciones que forman una alianza deben informar a la ONPE el aporte inicial a esta y, a partir de ese momento, toda su actividad económico-financiera debe realizarse a través de la alianza, designando un tesorero responsable.
Esta centralización del financiamiento busca evitar la dispersión de los recursos y facilitar su fiscalización. No obstante, las alianzas, por su naturaleza, pueden complejizar el seguimiento de la trazabilidad del dinero, lo que exige una constante vigilancia por parte de las autoridades electorales.
Sanciones y el Rol de la ONPE
La efectividad de la ley descansa en su capacidad sancionadora. Las disposiciones que establecen la necesidad de cumplir con sanciones previas para poder formar una alianza electoral o realizar cambios en la inscripción de una organización política, son mecanismos para asegurar la disciplina y el respeto a la normativa.
La ONPE, como ente rector en la fiscalización del financiamiento, tiene la facultad de emitir directivas y normas complementarias para la aplicación de la ley. Su capacidad para detectar irregularidades, notificar y, en última instancia, elevar informes al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para la aplicación de sanciones, es fundamental para la credibilidad del sistema.
Conclusión: Un Marco en Constante Evolución
La Ley de Organizaciones Políticas (Ley N° 28094) es un instrumento vital para la salud democrática del Perú. Su análisis revela una clara intención de fomentar la democracia interna, transparentar el financiamiento y regular la participación electoral. Sin embargo, como toda normativa en un sistema dinámico, enfrenta desafíos en su aplicación práctica y en la adaptación a nuevas realidades. La continua vigilancia de la ciudadanía, la labor incansable de los organismos electorales y la voluntad política de las organizaciones son elementos indispensables para que esta ley cumpla a cabalidad su propósito de construir un sistema político más sólido, representativo y confiable para todos los peruanos.
