El Ministerio de Defensa ha presentado un proyecto de decreto supremo que busca establecer la transmisión obligatoria del Himno Nacional en todos los medios de comunicación del país. Esta medida, incluida en el borrador de un reglamento de la Ley N.º 32251 en consulta pública, tiene como objetivo uniformizar el uso de los símbolos patrios en el Perú, pero ya ha generado una abierta crítica por parte del canciller Elmer Schialer.
La propuesta, detallada en el artículo 47 del borrador del reglamento, obligaría a radios, canales de televisión, medios por cable, satélite y plataformas digitales con programación continua o en vivo a emitir el Himno Nacional diariamente a las 08:00 y a las 18:00 horas. Para los medios estatales, como TV Perú y Radio Nacional, la norma sería aún más estricta, exigiendo la emisión del himno cuatro veces al día: a las 00:00, 08:00, 12:00 y 18:00 horas.
Según el documento del Ministerio de Defensa, esta disposición pretende "fortalecer el civismo y el respeto por los emblemas del Estado". El reglamento especifica que solo se podrá utilizar la versión oficial interpretada por la Orquesta Sinfónica Nacional y el Coro Nacional del Perú, la cual deberá ir acompañada de subtítulos con la letra y traducción a lengua de señas. Se prohíbe expresamente cualquier alteración musical, efectos visuales o arreglos diferentes a la versión oficial.
Sin embargo, la medida ha encontrado una voz crítica en el propio Gabinete. El canciller Elmer Schialer rechazó tajantemente la obligatoriedad de contenidos para los medios privados durante una entrevista televisiva. Al ser consultado sobre su apoyo a la propuesta, respondió con un contundente "Claro que no", y advirtió que "este tipo de disposiciones generan rechazo y deben ser evaluadas con prudencia".
El proyecto de reglamento no solo se enfoca en el Himno Nacional. También prohíbe el uso de otros símbolos patrios —como el escudo, la bandera o el mapa del Perú— por parte de privados, salvo autorización expresa. Además, contempla un régimen de sanciones que incluyen multas, decomisos y, en algunos casos, acciones penales si se incurre en falsificación o uso indebido de los símbolos con fines ideológicos o comerciales.
La iniciativa abre el debate sobre el equilibrio entre la promoción de valores cívicos y la libertad de prensa en el país.
