La presidenta de la República, Dina Boluarte, se encuentra nuevamente en el ojo de la tormenta. Además de haber autorizado el controversial incremento de su remuneración mensual a S/ 35,568, el Despacho Presidencial ha reactivado un beneficio adicional: una tarjeta electrónica con una recarga mensual de S/ 5,000 destinada a cubrir gastos de alimentación en la residencia oficial de Palacio de Gobierno.
La adquisición de esta tarjeta se formalizó mediante una "Adjudicación Simplificada" a través de la empresa Pluxee Perú SAC (antes Sodexo). Según el expediente de contratación, este medio de pago puede utilizarse en supermercados, restaurantes, cafeterías y otros establecimientos comerciales para adquirir una amplia gama de productos alimenticios.
Opacidad y un beneficio sin precedentes recientes
El documento, calificado como confidencial, especifica que la tarjeta no tiene límite de gasto diario ni restricciones para solicitar recargas adicionales, siempre que se justifique vía correo institucional. Aunque no permite el retiro en efectivo, la administración puede tramitar nuevas cargas de fondos si el saldo se agota. La medida obliga al proveedor a mantener absoluta reserva sobre los consumos.
A pesar de que se trata de recursos públicos, el Ejecutivo ha rechazado divulgar el detalle de los consumos, amparándose en razones de seguridad. La oficina de transparencia del Gobierno argumentó que revelar los movimientos podría exponer hábitos o rutinas de la presidenta, lo que representaría un riesgo potencial para su integridad.
Sin embargo, esta justificación contrasta con las declaraciones de expresidentes. Consultados por Latina Televisión, Francisco Sagasti y Martín Vizcarra negaron haber accedido a un beneficio similar. Sagasti aseguró que no existió tal asignación en su gestión, mientras Vizcarra afirmó que nunca utilizó una tarjeta para gastos personales. Estudios del sistema de contrataciones públicas respaldan estas declaraciones, confirmando que el beneficio permaneció suspendido desde 2018 hasta su reactivación bajo la actual administración de Boluarte.
José Elice, exsecretario general de Palacio de Gobierno, sostuvo que la administración siempre asumió los gastos de alimentación de la sede presidencial sin necesidad de tarjetas o mecanismos paralelos. A su juicio, el retorno de esta facilidad –que representa S/ 60,000 anuales en recargas– carece de un sustento técnico claro.
Agudiza el malestar ciudadano y debate en el Congreso
La asignación de esta tarjeta se suma al reciente aumento del 122% en la remuneración presidencial, agudizando el malestar ciudadano frente a los beneficios que rodean a la mandataria. La controversia se desarrolla en un contexto de múltiples cuestionamientos públicos por gastos personales de la presidenta, mientras en el Congreso ya se debaten proyectos de ley que buscan revertir el incremento salarial aprobado recientemente. Esta nueva revelación solo profundiza la crisis de legitimidad que enfrenta la gestión de Dina Boluarte.
