El Congreso de la República de Perú ha puesto un freno a la propuesta de una nueva "Ley MAPE" (Minería Artesanal y de Pequeña Escala), generando un intenso debate sobre la formalización y control de la actividad minera informal e ilegal en el país. La medida, que buscaba reconfigurar el Registro Integral de Formalización Minera (REINFO), fue rechazada en el pleno, sorprendiendo a muchos analistas y actores políticos.
Una Ley Controvertida: ¿Cambio de Nombre o Impunidad?
La propuesta de ley, impulsada por la Comisión de Energía y Minas presidida por el congresista Paul Gutiérrez, era vista por sus críticos como un mero intento de "rebautizar" el REINFO y perpetuar las condiciones que, según denuncian, benefician a la minería ilegal. Expertos como César Ípenza, especializado en temas ambientales, señalaron que el proyecto contenía disposiciones alarmantes:
- Servidumbre Minera: En la práctica, implicaba una virtual expropiación de concesiones mineras a sus titulares legítimos, obligando a cederlas a informales sin un marco legal claro.
- Minería en Zonas Prohibidas: Buscaba tumbar prohibiciones para permitir la minería sobre cursos de agua y ríos amazónicos, abriendo la puerta a actividades de alto impacto ambiental, especialmente en regiones como Madre de Dios.
- Inmunidad y Abuso: Otorgaba una "exención de responsabilidad" (impunidad penal, civil y administrativa) a los mineros inscritos en el registro, incluso si deforestaban o contaminaban.
- Presión a Comunidades: Daba un plazo limitado a pueblos indígenas para solicitar concesiones sobre sus tierras, amenazando con abrir sus territorios a terceros mineros si no lo hacían.
La decisión del Congreso de no aprobar el dictamen fue calificada de "enhorabuena" por congresistas como Diana González, quien argumentó la falta de fundamento técnico y la naturaleza "política electoral" de la propuesta. Columnistas como Fernando Vivas y Héctor Villalobos (El Comercio) señalaron que la iniciativa buscaba asegurar "un filón de votos y financiamiento" para campañas reeleccionistas, más allá de la viabilidad o sostenibilidad del sector.
La Delgada Línea entre lo Informal y lo Ilegal
El debate también puso de manifiesto la compleja distinción entre mineros informales e ilegales. Mientras que los informales operan en zonas con concesiones, pero carecen de los permisos y acuerdos necesarios para la formalización (como el contrato con el titular de la concesión), los ilegales trabajan en áreas prohibidas, como parques naturales o cauces de ríos amazónicos, donde la actividad minera está vedada y a menudo implica el uso de mercurio.
Máximo Franco Becker, representante de la Confederación Nacional de Mineros Artesanales y Pequeña Minería del Perú (CONFEMIN), es una figura central en este debate. Si bien representa a los informales, ha sido criticado por expertos y por sectores dentro de la propia minería informal, quienes sostienen que sus posturas maximalistas y las protestas que encabeza a menudo benefician también a los ilegales. Franco Becker insiste en que el Estado debe "quitarle el derecho" a los titulares de las concesiones para entregárselo a los informales, una posición considerada inconstitucional por sus críticos.
Iván Arenas, analista del sector, destacó que existe una "politización" de la demanda minera para "salvar a Pataz" de un estado de emergencia y que esta se ha convertido en una "plataforma política electoral" para algunos dirigentes. Además, señaló que dentro del propio sector informal hay descontento con la dirigencia de Franco Becker, a quien culpan por el "embrollo" de la fallida ley.
El REINFO en la Mira: Exclusión y Controversia en el 'Timing'
Recientemente, el Ministerio de Energía y Minas excluyó a cerca de 50,000 mineros del REINFO de un total de 83,000 inscritos inicialmente. Esta medida, si bien vista como un paso necesario para la formalización, generó controversia por su momento: fue ejecutada mediante una resolución directorial en medio de intensas protestas de mineros.
César Ípenza calificó la decisión como "bastante rara" por el momento en que se tomó, considerando que pudo haberse hecho "progresivamente hace bastante tiempo." Argumentó que, si bien la exclusión beneficia al país, el "contexto no fue el ideal" y sumó a más mineros a las protestas y bloqueos de carreteras. También mencionó denuncias de corrupción dentro de la Dirección General de Formalización Minera, que no habrían sido atendidas.
El futuro de la minería informal y artesanal en Perú sigue siendo un tema complejo, que entrelaza aspectos económicos, sociales, ambientales y políticos, y donde las presiones por parte de algunos grupos organizados continúan siendo una constante en la agenda pública.
