El Congreso de la República se ha convertido en el epicentro de un intenso debate que podría redefinir el panorama del servicio de taxi en Perú. Una nueva propuesta legislativa, impulsada por el congresista Edgar Tello, plantea permitir que los conductores con licencia de clase A-I puedan brindar el servicio de taxi formal en todo el país. Esta iniciativa busca eliminar el requisito actual de contar con el brevete profesional A-IIa, una medida que ha desatado una ola de opiniones encontradas.
Según el congresista Tello, su proyecto busca dinamizar el autoempleo y ampliar las oportunidades laborales para miles de peruanos. "Muchas personas ya saben manejar, pero no pueden costear una licencia profesional. Esta ley facilitaría su ingreso al transporte urbano", argumentó el legislador, subrayando que la propuesta busca reducir barreras administrativas en un contexto de necesidad económica. Actualmente, los conductores que prestan servicio de taxi sin licencia A-IIa se exponen a multas de S/ 5,350, sanción que se eliminaría de aprobarse la iniciativa.
Rechazo Gremial y Advertencias de Expertos
Sin embargo, la propuesta ha encontrado un fuerte rechazo dentro del propio gremio de taxistas. Diversas asociaciones y sindicatos han expresado su preocupación, denunciando que permitir la operación con licencias de menor categoría disminuiría la calidad del servicio y perjudicaría gravemente a quienes han invertido tiempo y dinero en su formación profesional para obtener la licencia A-IIa. "No es justo que relajen las reglas después de que miles de conductores hicieron todo el esfuerzo para formalizarse", afirmó un dirigente de taxistas de Lima Metropolitana, reflejando el sentir de una parte importante del sector.
Expertos en transporte urbano también han alzado su voz de advertencia. Señalan que un conductor con brevete A-I no ha sido evaluado para operar de forma profesional en el transporte público, lo que conlleva serios riesgos. "Esto puede derivar en más accidentes, menor preparación ante emergencias y un incremento en el costo de los seguros vehiculares", señaló un especialista en seguridad vial, destacando las posibles consecuencias negativas en la seguridad ciudadana.
El debate se mantiene abierto en el Parlamento. Mientras un sector defiende la medida como una vía de inclusión laboral y generación de empleo, otro advierte sobre el peligro de desmantelar estándares técnicos, incrementar los riesgos viales y acentuar aún más la informalidad en un sector ya complejo como el transporte urbano en el Perú. La decisión final del Congreso tendrá implicaciones profundas para miles de familias y para la calidad del servicio de taxi a nivel nacional.
