La Fiscalía de Tarata logró demostrar que los exfuncionarios apagaron las cámaras de videovigilancia para permitir el ingreso de electrodomésticos prohibidos. La justicia los halló culpables de sabotaje y resistencia a la autoridad.
En un fallo ejemplar que busca frenar la corrupción en los penales de máxima seguridad, el Poder Judicial dictó sentencia en primera instancia contra dos exservidores del Instituto Nacional Penitenciario (INPE). Mario A. A., en su condición de alcaide, y Richard C. C., encargado de monitoreo, han sido condenados a 8 años de pena privativa de la libertad.
Los hechos, que parecen sacados de una trama de complicidad delictiva, se remontan a diciembre de 2016 en el Penal de Challapalca, ubicado a más de 4,800 metros sobre el nivel del mar. La Fiscalía Provincial Mixta Corporativa de Tarata logró probar que el sistema de seguridad fue vulnerado desde adentro para favorecer el ingreso de objetos prohibidos.
El "apagón" de 30 minutos
Según la investigación fiscal, el alcaide Mario A. A. ordenó directamente a Richard C. C. que apagara todas las cámaras de seguridad del área de monitoreo. El "punto ciego" se mantuvo durante poco más de 31 minutos (desde las 19:55 hasta las 20:27 horas).
Ese tiempo fue suficiente para que un agente ingresara al recinto penitenciario una bolsa de rafia cargada con un verdadero arsenal de electrodomésticos destinados a los internos:
Cocinas eléctricas y sartenes.
Olla arrocera y waflera.
Radioparlante y reproductor de DVD.
A pesar del intento de ocultar el ingreso, el Grupo de Operaciones Especiales (GOES) del INPE logró incautar los bienes poco después, desencadenando la investigación que hoy termina en condena.
SABOTAJE CONTRA EL ESTADO
El Ministerio Público calificó el delito bajo la modalidad de violencia y resistencia a la autoridad, específicamente en la submodalidad de sabotaje de equipos de seguridad y comunicación en establecimientos penitenciarios.
Además de los 8 años de cárcel, el juzgado impuso una reparación civil solidaria de mil soles a favor del Estado. Esta sentencia marca un precedente importante para el penal de Challapalca, conocido por albergar a los delincuentes más peligrosos del país, donde la seguridad no puede quedar al arbitrio de la voluntad de sus custodios.
🎙️ El análisis de "Radio La Estación":
"¡Increíble pero cierto, Tacna! Mientras el INPE nos dice que Challapalca es inexpugnable, resulta que el propio alcaide era el que mandaba a apagar las luces para que entren las ollas arroceras y hasta wafleras. ¡Parece que los internos querían ponerse un restaurante en la celda! Ocho años de cárcel es lo que les toca por jugar con la seguridad del país. Si son capaces de apagar las cámaras para meter una cocina, ¿qué más no habrán dejado pasar? Bien por la fiscalía de Tarata, que no soltó el caso hasta que la justicia les puso el uniforme a rayas a quienes debían cuidar que nadie se salte la ley."
