En un nuevo informe de la Contraloría General de la República se evidencian prácticas irregulares en el Ministerio de Energía y Minas.
Según el documento publicado el 30 de noviembre pasado, Mery Coila, afiliada al Movadef, logró obtener un contrato por un monto de S/ 31,200 sin contar con los requisitos ni con la experiencia requerida.
La Contraloría destaca que Roberto Coila Ramírez, hermano de la profesora Mery Coila, consiguió una orden de servicio por parte de la Secretaría General del Minem, liderada por Loly Herrera Lavado. Esta última, abogada de la madre del prófugo Vladimir Cerrón, habría influido en la contratación.
A pesar de no contar con una maestría en gestión ambiental y desarrollo sostenible, Coila Ramírez fue seleccionado para prestar servicios en materia ambiental. La Contraloría verificó que no presentó comprobantes de haber realizado el servicio, pero recibió la suma de S/ 31,200.
La familia Coila, aprovechando su cercanía con Pedro Castillo, también estuvo involucrada en la creación del Partido Magisterial y Popular, que buscaba respaldar al exmandatario en medio de tensiones con Perú Libre, aunque no logró su inscripción ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).
