El Congreso de la República aprobó la Ley Nº 31812, que modifica la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y la Ley Orgánica de Municipalidades para asegurar el financiamiento del ejercicio de la función fiscalizadora de los consejos regionales y concejos municipales.
La nueva norma establece que los montos de los recursos incorporados anualmente en los presupuestos de los gobiernos regionales y locales no pueden ser inferiores al 1% ni superiores al 2% del presupuesto precedente de las fuentes de financiamiento correspondientes.
Además, autoriza a los gobiernos regionales y locales a realizar modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático para asignar los montos mínimos señalados.
El objetivo de esta ley es fortalecer la capacidad de fiscalización de los consejos regionales y concejos municipales, a fin de contribuir a la transparencia y la rendición de cuentas de los gobiernos locales y regionales.
Reacciones
La aprobación de esta ley fue saludada por diversos sectores de la sociedad civil, que la consideran un paso importante para promover la lucha contra la corrupción.
El presidente de Transparencia Internacional Perú, José Ugaz, señaló que la ley "es una oportunidad para que los consejos regionales y concejos municipales puedan ejercer su función fiscalizadora de manera efectiva".
Por su parte, el presidente de la Asociación Civil Transparencia, Daniel Zavala, indicó que la ley "es una respuesta a las demandas ciudadanas de contar con gobiernos regionales y locales más transparentes y responsables".
Impacto esperado
Se espera que la aprobación de esta ley tenga un impacto positivo en la lucha contra la corrupción, al fortalecer la capacidad de fiscalización de los consejos regionales y concejos municipales.
Con recursos suficientes, los consejos regionales y concejos municipales podrán contratar personal especializado, realizar investigaciones más exhaustivas y ejercer una mayor presión sobre los gobiernos locales y regionales para que rindan cuentas de sus actos.
