Demoró tres meses en derivar denuncia a OCMA, en proceso que involucra a aliado de Martín Vizcarra.
El 12 de noviembre de 2022, la Junta Nacional de Justicia recibió una denuncia contra tres jueces que habían resuelto contra una resolución del Tribunal Constitucional, en la investigación a Juan Carlos Morillo, ex gobernador regional de Áncash. El cuestionado organismo demoró tres meses en declararla improcedente y derivarla a la Oficina de Control de la Magistratura.
Así se lee en el Auto 020-2023-AHB/JNJ, del 16 de febrero de este año. Los miembros de la Primera Sala Penal de Apelaciones de Áncash, Rolando Aparicio Alvarado, Yamile Torres Quispe y María Velezmoro Arbaiza habían ordenado nueve meses de prisión preventiva para la proveedora Ninel Romero, pero el TC, el 8 de febrero de 2022, había anulado esta decisión.
Morillo era vicepresidente de Somos Perú, partido político por el cual Martín Vizcarra postuló al Congreso. La Sala debía reformular su dictado, pero volvió a ordenar prisión preventiva.
En vez de investigar como ha hecho con otros jueces superiores denunciados, el miembro de la JNJ Antonio de la Haza, respondió que las normas le facultaban a no ver casos que no sean de “trascendencia” o “actos de corrupción”.
