En un movimiento que genera fuerte debate, la Comisión de Constitución del Congreso de la República ha aprobado un predictamen clave que busca otorgar amnistía a militares y policías sin sentencia firme, así como a miembros de los comités de autodefensa, por delitos cometidos en la lucha contra el terrorismo entre 1980 y 2000. La propuesta, que busca cerrar procesos judiciales que se arrastran por décadas, ha encontrado fuerte oposición en bancadas de izquierda que la califican de "impunidad".
El dictamen fue aprobado con 15 votos a favor, 6 en contra y 3 abstenciones, tras un extenso debate. La medida no solo beneficia a quienes están siendo procesados o han sido acusados sin sentencia firme, sino que también incluye a aquellos con sentencia firme en trámite de ejecución. Es crucial destacar que la amnistía no se aplicará a quienes estén denunciados, imputados o condenados por terrorismo o delitos de corrupción de funcionarios.
Justicia tardía y "limbo judicial" para agentes
Fernando Rospigliosi (Fuerza Popular), presidente de la Comisión de Constitución, explicó que existen más de mil militares y policías que continúan siendo investigados entre 25 y 30 años después de iniciadas las pesquisas. "Hoy, 25 años después, existen cientos de militares y policías; en realidad, son más de mil procesados o investigados sin sentencia firme, muchos de ellos con condiciones de salud y económicas precarias, que permanecen atrapados en un limbo judicial que no resuelve su situación jurídica ni permite a sus familias reconstruir sus vidas", indicó.
Jorge Montoya (Honor y Democracia), autor del proyecto de ley, defendió la iniciativa argumentando que no se puede mantener "de por vida investigados a militares y policías que lucharon por devolver la paz al país". El almirante en retiro sostuvo que la propuesta busca "establecer un marco de garantía para quienes salieron en defensa del orden constitucional y el sistema democrático, que no pueden permanecer de por vida con la amenaza de la persecución penal o sometidos a investigaciones con procesos interminables carentes de racionalidad y justicia".
ONGs bajo fuego y la "narrativa" histórica
El congresista José Cueto (Honor y Democracia), aunque no es miembro de la comisión, participó para señalar que Organismos No Gubernamentales (ONGs) como el IDL se han "encargado de mantener perseguidos a policías y militares", afectando la moral de sus instituciones. "Hay varias ONG como IDL que se han encargado de mantenerlos en juicios permanentes, en etapas de juicios de años y años; algunos han tenido que irse al extranjero, y tenemos mucho personal de bajo rango que luchó y que hoy ha muerto en la implacable persecución de estas ONG, y así le pedimos a este personal que vaya a luchar contra la inseguridad", sostuvo. Cueto afirmó que mientras agentes son "perseguidos", los terroristas fueron "indemnizados".
Martha Moyano (Fuerza Popular), en la misma línea, criticó que tras la derrota del terrorismo, hubo sectores que se dedicaron a "cazar militares y policías" y a "inventarles procesos". Lamentó que se haya intentado "invertir la historia" y "enseñarles a los niños que los policías y militares eran los criminales, y que los terroristas eran quienes defendían a los campesinos". Moyano enfatizó que "esta comisión va a luchar contra esta narrativa que tiene más de 20 años", y aseguró su voto a favor del dictamen.
La congresista y exfiscal de la Nación Gladys Echaíz apoyó la iniciativa recordando que a los terroristas se les aplicó la prescripción de sus delitos. "La justicia no es odio, no es venganza. Tiene una finalidad, y el Estado un plazo para perseguir ese delito y sancionarlo, al cabo del cual se extingue su potestad punitiva. (...) ¿Dijo algo la Corte Interamericana de Derechos Humanos? No dijo nada. Yo podría traer la relación de víctimas, pero no eran de la policía ni de los militares. Habiendo sido víctima de uno de esos ‘ejércitos populares’, apliqué la ley porque es lo que corresponde”, sentenció.
Voces de la oposición: "Ley de impunidad" y reescritura de la historia
La propuesta, sin embargo, ha generado un fuerte rechazo en la izquierda. La congresista Ruth Luque (Bloque Democrático) calificó el predictamen de "muestra de impunidad". "Voy a exponer puntos de vista del lado de las víctimas. Con mucha facilidad se califica a la gente y se le dice terrorista, caviar; se hace un conjunto de calificativos, pero no se mira la otra cara y los efectos de la ley, que para mí es una muestra de impunidad", sostuvo.
Jaime Quito (Bancada Socialista) se mostró categórico: "Sin miedo y sin temor, hay que señalar que esta ley es una ley de impunidad. Sin miedo y sin temor, hay que decir que quieren reescribir la historia del país, señalando como héroes a quienes sistemáticamente violaron los derechos humanos en nuestro país".
Su compañero de bancada, Alex Flores, afirmó estar en contra de los miembros de las FF. AA. y la PNP que cometieron "actos extrajudiciales, que están documentados", pero no de quienes actuaron dentro de la ley. Reconoció que "nadie puede estar sometido a un proceso judicial eterno que viola sus derechos humanos", pero también abogó por las víctimas. "Soy de Ayacucho, donde se dio la mayor cantidad de casos. Hay personas que han perdido a sus familias y que hasta ahora no han encontrado justicia”, concluyó.
Tras la aprobación en comisión, Rospigliosi expresó su deseo de que la directiva del Congreso agende lo más pronto posible el debate en el Pleno para su aprobación final. La propuesta promete un intenso debate en el hemiciclo y en la sociedad peruana.
