Por Luis Lamas Puccio: La Fiscalía de la Nación, institución rectora en la defensa de la legalidad y los derechos ciudadanos, atraviesa una profunda y enrevesada crisis que, lejos de ser un acontecimiento circunstancial, revela un conflicto estructural de larga data. El actual enfrentamiento entre la Junta Nacional de Justicia (JNJ) y el Ministerio Público (MP) es apenas la punta del iceberg de un problema que se remonta a decisiones y sucesos acaecidos en torno al tratamiento de la corrupción como fenómeno sistémico y la impunidad como su correlato.
La situación no se limita a una mera interpretación de leyes o a la reciente decisión de la JNJ de anular de oficio una investigación contra una fiscal de la Nación en actividad y retrotraer todo lo actuado. Tampoco es ajena a la pugna de dos fiscales supremos que, a pesar de lo dispuesto por el Tribunal Constitucional, insisten en recuperar plenamente sus funciones. En las relaciones humanas, y menos aún en la política, nada es gratuito.
Injerencia maquiavélica: El origen de la crisis
Esta aguda crisis, de dimensiones políticas e históricas, tiene sus orígenes en la injerencia maquiavélica, la interferencia solapada y la manipulación intencionada y sistemática de una institución fundamental y clave para la salvaguarda del Estado de derecho y la democracia. Se refiere a la manipulación de la corrupción en todo su contexto, especialmente a raíz de los grandes casos develados en los últimos años, que han envuelto a gran parte de la clase política y la dirigencia partidaria, así como a un segmento significativo de la gesta empresarial nacional y extranjera.
Casos emblemáticos como el de Odebrecht y el Club de la Construcción, entre otros, son los que, en realidad, marcan el curso de los acontecimientos no solo judiciales, sino también políticos en el país.
El Nuevo Código Procesal Penal: Una partida de nacimiento fallida
La crisis que hoy vive el Ministerio Público, y que afecta por igual a todos los peruanos, al sistema de justicia y a la democracia, se remonta al año 2004, con la entrada en vigencia del nuevo Código Procesal Penal (CPP). Calificado por expertos como novedoso y de vanguardia, el CPP buscaba reformular el sistema de justicia para hacer los procesos penales rápidos, expeditivos y respetuosos de los principios democráticos y los derechos de los justiciables.
Sin embargo, ninguno de estos objetivos se ha cumplido. Por el contrario, los problemas se han agudizado, los juicios se extienden por años, las cárceles están sobrepobladas y el desprestigio de la justicia ha aumentado. La innovación clave del CPP fue que los fiscales se convirtieron en los únicos funcionarios judiciales con la potestad de decidir a quiénes indagar, investigar y acusar, o abstenerse de hacerlo, lo que ha sido señalado como una "fórmula encubierta de monopolio en el devenir de la justicia".
La colaboración eficaz: De herramienta a campo de batalla
La verdadera ruptura o crisis del sistema de justicia se potencia con la modificación de la Ley de Colaboración Eficaz. La inclusión de empresas como beneficiarias y la facultad exclusiva de los fiscales para promover, recibir solicitudes y suscribir los Acuerdos de Beneficios y Colaboración, transformó esta herramienta.
En este marco, el proceso de colaboración eficaz se volvió autónomo respecto al proceso matriz. La Fiscalía de la Nación es la única entidad que puede disponer y dictar las instrucciones sobre cómo debe ser compartida o manejada la información. El juez, por su parte, declina su función directora y se relega al control al final del proceso. A partir de ese momento, el Fiscal de la Nación, con el respaldo de la Junta de Fiscales, nombra a los fiscales encargados de las investigaciones de gran corrupción a través de decisiones administrativas, sin mayor consenso ni control.
Radicalización interna y el poder sin contrapeso
Esta dinámica ha llevado a una radicalización de las decisiones internas en términos verticales dentro del Ministerio Público en lo que se refiere a las investigaciones sobre gran corrupción. Se ejerce un control total y sin objeciones sobre la forma y manera de conducir las investigaciones.
Un claro ejemplo de esta radicalización fue la decisión de un exmandatario, acusado actualmente por graves casos de corrupción, de regresar inmediatamente al país al conocer que un nuevo fiscal de la Nación había dispuesto dejar sin efecto la designación de los fiscales a cargo de casos de gran corrupción. Días después, ese mismo fiscal de la Nación fue destituido por la Junta de Fiscales Supremos e incluso enjuiciado penalmente.
El nuevo modelo legal otorga un rol central al fiscal, con escaso control externo en investigaciones de alto impacto. La colaboración eficaz, concebida como una herramienta jurídica, se ha convertido en un campo de batalla por el control de la información y los acuerdos con los implicados. Las pugnas por el liderazgo en la Fiscalía han generado decisiones abruptas con implicancias políticas y judiciales.
En resumen, la crisis actual del Ministerio Público no es un problema de leyes o normas, sino el reflejo de una lucha de poder en la que la corrupción sigue siendo el fenómeno más importante que, de una u otra forma, marca el curso de los acontecimientos nacionales.
