Grupo parlamentario encargado de las pesquisas tendrá 14 días para presentar un informe detallado de los integrantes de este organismo autónomo.
La Comisión de Justicia y Derechos Humanos, que preside la congresista Janet Rivas Chacara (PL), aprobó en su primera sesión extraordinaria, el plan de trabajo para iniciar la investigación sumaria de los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), y de acuerdo con la moción 7565, se deberá investigar a los integrantes de la JNJ “por causa grave” en un plazo de 14 días hábiles.
Según la Comisión de Justicia, cuentan con una prueba “fehaciente y contundente” que demostraría la gravedad de la intromisión de los miembros del organismo en otro poder del Estado.
La presidenta de esta comisión, Janet Rivas, dijo: “La presidencia no puede garantizar cual va a ser el final de esta investigación. No podemos adelantarnos a los hechos. Nos han consignado 14 días, que es un plazo muy corto, y es por ello que el plan de trabajo (para algunos) es adecuado o no lo es. Pero, sin embargo, es lo que podemos hacer dentro de los catorce días que nos dan como plazo, y esto amerita que vayamos a tener que sesionar hasta tres veces por semana”.
Hay que destacar que la aprobación de este plan de trabajo obtuvo 16 votos a favor (3 de ellos emitidos con reserva), 1 voto en contra y 3 abstenciones.
Recordemos que la semana pasada el Pleno del Congreso aprobó una moción presentada por la legisladora Patricia Chirinos para que la Comisión de Justicia investigue a los miembros de la Junta Nacional de Justicia. La medida fue admitida con 84 votos a favor, 22 en contra y 7 abstenciones. De acuerdo a la moción, se busca “la remoción de la totalidad de los integrantes de ese organismo (JNJ), por haber incurrido en actos que configuran una situación de causa grave, en aplicación del artículo 157 de la Constitución”.También vale precisar que, paralelamente, los miembros de la JNJ se encuentran investigando a la fiscal de la Nación, Patricia Benavides.
Zapatero a sus zapatos
El excongresista Ántero Flores-Aráoz aseguró que el Congreso no está cometiendo ningún atropello contra la Constitución al ordenar la investigación a los miembros de la JNJ. “El Congreso tiene, entre sus tres facultades, la investigación que forma parte de la fiscalización que se ejerce sobre los otros poderes del Estado y organismos estatales autónomos como la JNJ. Por ello, no hay que molestarse cuando el Congreso cumple su función de investigar, aunque debe hacerlo en forma respetuosa del derecho de los demás y, lógicamente, sin generar enfrentamientos o pugilatos que dañan la tranquilidad pública”, indicó.
Tras señalar que todos pueden ser investigados y que no por eso tienen que ser necesariamente culpables, agregó: “No veo que sea perjudicial ejercer las atribuciones que la Constitución otorga, no hay que molestarse ni hablar de separación de poderes”.
Respecto a las declaraciones del alto comisionado de la ONU, Volker Türk, quien desde Ginebra señaló que la investigación contra la JNJ podría afectar a la independencia judicial en el Perú, el también expresidente del Congreso manifestó: “Hay una intromisión de la ONU, organismo que no está para eso.
Recordemos que acá no se está violando ningún derecho humano, lo que está haciendo el Congreso es ejecutar una de las atribuciones que tiene entre sus manos y que le confiere la Constitución, que es la de fiscalizar. Como reza el dicho, hay que decirle a la ONU: zapatero a tus zapatos, no te entrometas en lo que debes”.
Finalmente, el doctor Flores-Aráoz sentó su posición respecto a la presencia de la doctora Inés Tello en la JNJ. “Respecto a la doctora Tello, yo entiendo que ya cumplió los 70 años por lo tanto debería dejar el cargo. Los plazos son de orden público y están para cumplirse, el límite para ejercer el cargo es de 70 años”, puntualizó.
No es inconstitucional
Por su parte, el constitucionalista William Oblitas respaldó la labor de la Comisión de Justicia del Congreso y señaló que sus miembros están facultados para investigar a la JNJ. “Los artículos de la Constitución mencionan que el Congreso puede ejercer un control de fiscalización o investigación, es una facultad que no se puede negar. Queramos o no, es el Congreso que tiene facultades para investigar al margen de que la mayoría de peruanos piense que se deberían ir a sus casas. Lejos de la arenga política que busca llenar de resentimiento a la tribuna, yo pregunto qué artículo de la Constitución se afecta con la investigación que está abriendo el Congreso contra la JNJ. Al contrario, se está ejercitando una facultad constitucional de un poder del Estado”, mencionó a este diario.
Respecto a si las condiciones están dadas para investigar a los miembros de la JNJ y si el Congreso se está extralimitando, Oblitas aseguró que la propia Junta ha generado estos sucesos al resquebrajar su imparcialidad cuando se pronunció en el caso de la exfiscal Zoraida Ávalos, y agregó: “Todo se va a evidenciar en el informe final que va a ser individual por cada miembro de la JNJ y ahí se verán las responsabilidades. Para mí, el hecho más llamativo es el de la magistrada Tello que ya cumplió 75 años y no debería seguir en el cargo”, puntualizó.
Investigar es condenar
En tanto, para el constitucionalista Ángel Delgado resulta increíble que existan personas que se manifiesten en contra de la investigación congresal a un organismo del Estado del más alto nivel como la JNJ.
“Tenemos sospechas de conductas irregulares y no se puede creer que exista un coro de gente que diga que esto es atentatorio contra la autonomía. De ser cierta esa tesis, significaría que hay organismos democráticos que no son objeto de control y que pueden hacer lo que les da la gana”.
Delgado recordó que a la Junta no se le va destituir si no pasa por un debido proceso que tiene etapas y lugar a la defensa de los investigados, por lo cual la ONU no debería interferir en este tipo de decisiones de orden interno.
Se defiende
Por su parte, José Ávila, miembro del pleno de la Junta Nacional de Justicia, arremetió contra el Congreso, indicando que los legisladores preparan estrategias para atacar a referida institución encargada de designar y sancionar jueces y fiscales.
