La norma oficializada en El Peruano equipara la pena para los prestanombres de extorsionadores, otorga a la PNP la geolocalización inmediata en delitos informáticos y establece hasta 20 años de prisión para malos abogados o funcionarios que filtren celulares a penales.
En el marco de las facultades legislativas en materia de seguridad ciudadana otorgadas por el Congreso de la República, el Poder Ejecutivo publicó en el diario oficial El Peruano el Decreto Legislativo N.º 1744, un paquete normativo drástico destinado a golpear las finanzas de las redes de extorsión y endurecer los controles penitenciarios y procesales en el país.
La disposición busca desarticular la cadena de soporte financiero y logístico que permite operar a las organizaciones criminales dedicadas al cobro de cupos y la intimidación ciudadana.
Prisión efectiva para prestamistas de cuentas y billeteras digitales
Uno de los puntos más relevantes del decreto es la tipificación de la colaboración financiera con redes extorsivas. La norma establece que quienes presten sus cuentas bancarias, billeteras digitales (como Yape, Plin u otros aplicativos) o servicios financieros similares para que los criminales recauden el dinero de sus ilícitos sufrirán la misma pena que el delito de extorsión.
Conforme al artículo 200 del Código Penal, este delito conlleva una pena privativa de libertad de 9 a 12 años de prisión, cerrando el cerco contra los denominados prestanombres o testaferros financieros que facilitan el cobro de cupos.
Claves del nuevo Decreto Legislativo N.º 1744
El dispositivo legal aprobado por el Ejecutivo introduce medidas transversales para potenciar la labor de la Policía Nacional y del Ministerio Público:
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Geolocalización en delitos informáticos: Se otorga a la Policía Nacional del Perú (PNP) la facultad directa y célere de solicitar la geolocalización de teléfonos celulares vinculados a la comisión de delitos informáticos para agilizar las investigaciones y ubicación de sospechosos.
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Sercos contra la corrupción carcelaria: Se fijan penas no menores de 15 años ni mayores de 20 años de cárcel para abogados defensores, servidores públicos o funcionarios penitenciarios que ingresen de manera clandestina teléfonos celulares, equipos de comunicación, cámaras fotográficas o dispositivos de filmación a los establecimientos penales.
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Detención judicial en flagrancia ampliada: Se faculta al Ministerio Público a solicitar ante el Poder Judicial la ampliación de la detención preliminar o judicial en casos de flagrancia hasta por un plazo máximo de 15 días cuando se investiguen delitos de extrema gravedad como extorsión, sicariato y secuestro.
Estas acciones complementan el bloque normativo emitido al amparo de los 90 días de delegación de facultades otorgados por el Parlamento al Ejecutivo para hacer frente a la criminalidad urbana a nivel nacional.
