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La carrera hacia las Elecciones Generales 2026 entra en una fase decisiva. El próximo 2 de agosto es la fecha límite para que las agrupaciones políticas inscriban sus alianzas electorales ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), según el cronograma oficial.
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La presidenta de la República, Dina Boluarte, se encuentra nuevamente en el ojo de la tormenta. Además de haber autorizado el controversial incremento de su remuneración mensual a S/ 35,568, el Despacho Presidencial ha reactivado un beneficio adicional: una tarjeta electrónica con una recarga mensual de S/ 5,000 destinada a cubrir gastos de alimentación en la residencia oficial de Palacio de Gobierno.
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El panorama político peruano se complejiza con el anuncio del partido Movimiento por el Nuevo Perú, liderado por Verónika Mendoza, de plegarse al llamado de "unidad política" de cara a las elecciones de 2026. Esta convocatoria, hecha por Juntos por el Perú (JPP) y el expresidente Pedro Castillo –actualmente en prisión por intento de golpe de Estado–, busca, según un comunicado de la organización de Mendoza, "la refundación del Perú, mediante una nueva Constitución plurinacional que permita enfrentar a los promotores del odio y la muerte”.
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En medio de una de las crisis de legitimidad más severas desde el retorno a la democracia, el Gobierno peruano ha oficializado el incremento del sueldo de la presidenta Dina Boluarte de S/ 15,600 a S/ 35,568 mensuales, lo que representa un aumento del 128%. La medida fue concretada a través del Decreto Supremo N.º 136-2025-EF, firmado por la propia mandataria y el ministro de Economía, Raúl Pérez Reyes, desatando una fuerte polémica a nivel nacional.
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La controversia por el aumento salarial de la presidenta Dina Boluarte escaló este viernes en el Congreso de la República, luego de que el presidente de la Comisión de Fiscalización, congresista Juan Burgos, denunciara una "grave falta de transparencia" por parte del Ejecutivo. Ministros clave, citados para sustentar el incremento a la remuneración presidencial, no acudieron a la sesión extraordinaria convocada, lo que Burgos calificó como una "evasiva" actitud.
