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La Comisión de Constitución del Congreso de la República ha aprobado por mayoría el retorno de la inmunidad parlamentaria, una figura constitucional que, de ser ratificada en dos legislaturas, regirá para el próximo Congreso bicameral que se instalará en 2026. Esta decisión, que ha generado un intenso debate, busca restablecer una prerrogativa que fue eliminada por su vinculación con casos de impunidad.
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La presidenta Dina Boluarte Zegarra enfrenta una nueva y explosiva revelación que agrava su ya complicada situación judicial. Su exsecretaria presidencial, Patricia Muriano, ha declarado ante la Fiscalía desde Estados Unidos, confirmando un presunto "canje" de cirugías estéticas por favores políticos. Según Muriano, el cirujano Mario Cabani, quien operó a la mandataria, habría solicitado puestos de trabajo a cambio de sus servicios.
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Un grave escándalo sacude a la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI). La rectora interina, Shirley Chilet Cama, ha denunciado públicamente un presunto copamiento de altos cargos dentro de la prestigiosa casa de estudios por parte de miembros del partido político Ahora Nación. Según la autoridad universitaria, esta acción habría sido orquestada por el exrector Alfonso López Chau, quien estaría utilizando millonarios recursos económicos de la institución con fines políticos.
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El ex primer ministro Óscar Valdés Dancuart oficializó su renuncia al Partido Popular Cristiano (PPC), marcando un quiebre significativo en la política interna de la agrupación. Valdés, quien recientemente se perfilaba como precandidato presidencial, denunció públicamente haber sido víctima de "agravios" y "vilipendios" por parte de la dirigencia del partido, cuestionando duramente el rumbo que ha tomado la organización en su afán de posicionamiento electoral.
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La Fiscalía de la Nación, a través de su Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales, ha presentado una denuncia constitucional ante el Congreso de la República contra los ministros Morgan Niccolò Quero Gaime, en su calidad de ministro de Educación, y Ángela Teresa Hernández Cajo, como ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Ambos funcionarios son señalados como presuntos autores del delito de incitación a la discriminación en su modalidad agravada.
