Una controversial decisión del Poder Judicial ha generado un sismo en el panorama legal peruano. El Segundo Juzgado Constitucional de Lima ha declarado que la orden de prisión dictada contra el expresidente Ollanta Humala Tasso fue "abusiva". Esta resolución podría tener implicaciones directas en el caso de la ex primera dama Nadine Heredia, quien recientemente obtuvo asilo político.
La sentencia, que se dictó en el marco de un hábeas corpus presentado por Ilán Heredia (también condenado junto a su hermana Nadine Heredia y Julio Torres, extesorero del Partido Nacionalista), cuestiona la legalidad de la detención de Humala.
El Juzgado señaló que la decisión de prisión, adelantada a un fallo definitivo, "se sustentó únicamente en lo manifestado verbalmente durante la mencionada audiencia, mas no por mandato escrito y debidamente motivado, tal como lo exige artículo 2 inciso 24 literal f) de la Constitución Política del Perú".
Las juezas Juana Caballero y Nayko Coronado habían ordenado el 15 de abril que el expresidente Humala fuera a prisión por quince años, acusado de lavado de activos con aportes de Odebrecht. Sin embargo, el Juzgado Constitucional enfatizó que no se cumplió con notificarlo, lo cual "vulneró el derecho a presentar apelación".
La instancia constitucional fue categórica al calificar la situación como "lesiva al derecho". "Lo legalmente correcto era que se lleve a cabo una vez emitida la sentencia condenatoria debidamente redactada, motivada y notificada, cuya lectura integral estaba programada para el día 29 de abril de 2025. Esta situación resulta lesiva al derecho constitucional", precisó el fallo.
Además, el Juzgado acotó que "la libertad personal, en cuanto derecho subjetivo, garantiza que no se afecte indebidamente la libertad física de las personas, esto es, su libertad locomotora, ya sea mediante detenciones, internamientos o condenas arbitrarias".
Esta resolución reaviva el debate sobre los límites de la prisión preventiva y el debido proceso en casos de alto perfil en Perú, y su posible impacto en futuras solicitudes de asilo o defensas legales de otros implicados.
