El escándalo en torno al recorte de sueldos a trabajadores del despacho del parlamentario Jorge Flores Ancachi, miembro de Acción Popular, ha dado un paso crucial en el Congreso de la República. El Consejo Directivo ha decidido incluir en la agenda del pleno el informe final sobre esta denuncia, emitido por la Comisión de Ética Parlamentaria.
El informe concluye que existen fundamentos para sancionar al legislador con una suspensión de 120 días de legislatura y el descuento de sus haberes durante el mismo período. La denuncia se originó luego de que empleados de su despacho revelaran haber sufrido recortes salariales de hasta siete mil soles, presuntamente exigidos por Flores Ancachi como una forma de agradecimiento por conseguirles empleo en el Poder Legislativo.
El caso ha generado un intenso debate sobre la ética y el manejo de recursos en el ámbito parlamentario, y su inclusión en la agenda del pleno refleja la gravedad de las acusaciones y la necesidad de una acción decisiva por parte del Congreso.
Además, el Consejo Directivo ha acordado debatir y votar el informe final sobre la denuncia constitucional presentada contra la excongresista Rosario Paredes, también miembro de Acción Popular, por presunta concusión. Este debate se llevará a cabo el 2 de mayo y se espera que dure dos horas.
Por otro lado, se ha dispuesto que 32 dictámenes sean incluidos en la orden del día del pleno, entre los cuales se encuentran tres dictámenes en los que el Parlamento insiste en la aprobación de autógrafas de ley, tras recibir observaciones del Poder Ejecutivo. Uno de ellos es el que busca incrementar la propina de las promotoras educativas comunitarias del programa no escolarizado de educación inicial del Ciclo I y Ciclo II.
Finalmente, se ha acordado fijar en los próximos días fecha y hora para la presentación del Informe Anual 2023 de la Junta Nacional de Justicia.
El debate en torno a estas decisiones promete ser intenso, ya que tocan aspectos cruciales de la transparencia y la ética en la función pública, así como de la protección de los derechos laborales de los trabajadores del Estado.